Ciudad de México, 26 de julio de 2022
TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIPUTADO GABRIEL QUADRI DE LA TORRE, “TREN MAYA, DELITOS AMBIENTES Y RESPONSABILIDADES PENALES”, EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TÉRMINO DE INTERPONER UNA DENUNCIA.
DIPUTADO GABRIEL QUADRI DE LA TORRE (GQT): Gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Es una denuncia fundamental, inédita, me parece en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy, muy graves cometidos por la autoridad, y en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, algo que nunca se había visto en la historia de México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el Presidente, el Presidente López en el caso del Tren Maya.
Voy a tratar de explicar un poco en qué consiste la denuncia, ya está presentada formalmente. Aquí la tienen, esperemos que la Fiscalía actúe.
Bueno, todo esto se trata de lo de, lo siguiente.
Todo consiste en lo en lo siguiente:
El artículo Cuarto de la Constitución, en primer lugar, establece el derecho para todos a un medio ambiente sano.
El artículo 73 le da facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional.
El artículo 89 define claramente que el Presidente de la República solamente tiene facultades en materia de seguridad nacional, en los términos que establezcan las leyes y como sabemos, para eludir la ley, para tratar de eludir la ley, el Presidente López decretó como entre comillas, es seguridad nacional, la construcción del Tren Maya, lo cual es absolutamente aberrante.
El Presidente López está violando la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 3 y 5, en donde ya claramente se establecen los casos en los cuales se puede ver afectada la seguridad nacional y las cosas, proyectos o acciones, decisiones o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional.
En ningún momento la Ley de Seguridad Nacional prevé que un proyecto como es el caso del Tren Maya, puede hacer objeto de declaratoria de seguridad nacional.
Entonces el Presidente López lo que está haciendo es violando la ley, violando Constitución y violando la Ley de seguridad Nacional, para tratar de encubrir los delitos ambientales que está cometiendo en el caso del Tren Maya y, con la finalidad también, de opacar, de establecer un manto… con respeto a las decisiones que se están tomando en el Tren Maya y que implican opacidad y corrupción.
Y lo grave, como yo lo comentaba, involucrando al Ejército Mexicano en todo esto.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En primer lugar, es una obra que se empezó sin manifestación de impacto ambiental, violando el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo cual implica sanciones para quien no cumpla con este artículo, de hecho, la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que la Secretaría debe dar parte a las autoridades judiciales cuando llegue a su conocimiento que se esté violando este artículo 28 de la ley, cosa que no ha ocurrido, lo cual es un delito ambiental.
Por otro lado, el Código Penal establece claramente sus artículos 262 y 267 como delitos ambientales con penas de cárcel, la deforestación, la destrucción de la vegetación del arbolado, sin los permisos correspondientes y esto está ocurriendo en Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, a manos del Ejército Mexicano, desgraciadamente.
Entonces se están cometiendo delitos ambientales tipificados claramente en el Código Penal.
Por otro lado, también se está violando la Ley de Amparo, se está violando la Ley de Amparo, ¿por qué?, porque como todos sabemos, hay 6 amparos con respecto al Tren Maya, de los cuales uno ya plantea la suspensión definitiva del proyecto por violaciones a la ley y otros cuatro o cinco, mantienen suspensiones provisionales.
Lo que ha ocurrido es que el juez dictaminó la suspensión inmediata de las obras del Tren Maya y el Presidente López instruyó al Ejército Mexicano a continuar con las obras en desacato absoluto a una orden judicial, lo cual está penado absolutamente en la Ley de Amparo, en el artículo 267.
Entonces, estamos ante una situación en la cual el Presidente López, el Presidente de la República, directamente está ordenando y llevando al ejército a ubicarse en una posición de delincuente ambiental, violando el Código Penal, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Amparo, algo gravísimo que nunca había ocurrido.
Déjenme decirles que además todo esto se da en el contexto de militarización del país, en el cual se le están entregando al ejército negocios, contratos, proyectos, se le está dando poder a lo largo y ancho de la vida de la vida nacional en construcción, en operación de servicios, en materia de bancos, en materia de aduanas, de puertos, desde luego de seguridad pública, algo que nunca había ocurrido.
Estamos ante una situación parecida a la que ocurre en dictaduras como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Corea del Norte, en la cual se le dan al Ejército negocios, contratos y proyectos con la finalidad de comprarlo para seguir apoyando o mantener la legitimidad de esos dictadores de los cuales hemos hablado.
Entonces, es una situación peligrosa, tiene como contexto la militarización del país, implica por primera vez, por primera vez delitos ambientales, en este caso, cometidos por el Ejército.
La Fiscalía tendrá que estar investigando., fincando responsabilidades para también, digamos, llevar a juicio a las personas responsables, aunque sean parte de las Fuerzas Armadas y, finalmente, para terminar, me parece que el Ejército, los altos mandos del Ejército deben de recapacitar, de reaccionar, el Ejército mexicano, que es una institución muy querida o que ha sido una institución muy querida por los mexicanos durante toda la historia, no puede ser objeto o brazo ejecutor de la ilegalidad de los delitos y de las ocurrencias de un autócrata como es el caso del Presidente López.
Los jefes militares tienen que reaccionar y tienen que, desde luego, plantarle cara al Presidente de la República que los está llevando a una situación de ilegalidad y de delincuencia ambiental, como ya lo hemos comentado, muchas gracias, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta.
PREGUNTA (P): ¿En contra de quién es la denuncia, Diputado?
GQT: De quien resulte responsable, básicamente van a ser el Presidente López, el Director de Fonatur y los mandos militares que tienen a su cargo la construcción del Tren Maya y que son quienes han violado la legislación que ya les he comentado.
P.- ¿Confían en la autoridad, si no han respondido en las últimas fechas las denuncias que han interpuesto diputado?
GQT: Mira, nuestra confianza es prácticamente nula; sin embargo, vamos a estar presionando, dándole seguimiento al caso, porque el hecho de que esa Fiscalía no proceda conforme a Derecho, en el caso de esta denuncia, va a implicar otra vez responsabilidades para las propias autoridades de la de la Fiscalía.
¿Algo más?
P.- Inaudible.
GQT: Pues esperamos que las próximas semanas haya una respuesta, vamos a exigir, vamos a pedir que se nos informe cómo va el procedimiento del procedimiento de denuncia y cuáles han sido las actuaciones o cuál ha sido la actuación de la Fiscalía en este caso.
Pero si insisto, es contra quien resulte responsable, muy probablemente empezando por el Presidente López, el Director de Fonatur y los mandos militares que están a cargo de la construcción del Tren Maya.
P.- ¿Quién lo acompaña, nada más usted?
GQT: Esta es una demanda que estoy presentando yo de manera personal.
P.- ¿Recurrirá a alguna instancia internacional?
GQT: Por supuesto, recurriremos si no hay respuesta en esta Fiscalía, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el medio ambiente está previsto como un derecho humano al medio ambiente sano, en el artículo cuarto constitucional y esto eventualmente podrá llegar también a la a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
P.- Inaudible.
GQT: Pues mira, tanto el Código Penal, como la Ley de Amparo, plantean en el caso de los delitos ambientales y en el caso del desacato, penas hasta de 10 años de cárcel a quien incurra en este tipo de delitos.
O sea, están en juego hasta 10 años de cárcel.
P.- ¿Alguien más?
GQT: Pues muchas gracias a todos ustedes, estaremos dándole seguimiento.