Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022

Comunicado de prensa 032

• La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación han realizado auditorías, visitas y verificaciones y han detectado anomalías por más de nueve mil millones de pesos en Segalmex.

• Vigilaremos los proyectos que el Gobierno de la CDMX realice con Segalmex para evitar más actos de corrupción, contratación de empresas fantasmas o se dé uso político de los programas que operan: Luis Mendoza

El Diputado Federal Luis Mendoza Acevedo (PAN) presentó un punto de acuerdo

para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) presente las denuncias penales en contra de quien resulte responsable de los presuntos actos de corrupción cometidos en el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y para que transparente los avances en las investigaciones de corrupción en Diconsa y Liconsa.

“En los últimos meses hemos sido testigos de la denuncia de innumerables casos de presunta corrupción en Segalmex, sin embargo, hasta hoy no hay transparencia en las investigaciones que de acuerdo a lo detectado por la SFP en auditorías, visitas y verificaciones hay observaciones por 6 mil millones de pesos, mientras que la propia ASF detectó observaciones por 3 mil 456 millones de pesos; es decir, estamos hablando de más de nueve mil millones de pesos”.

El Diputado Luis Mendoza calificó de inaudita la presunta triangulación de recursos a través de empresas fantasma que se ha desarrollado en Segalmex. “Tenemos el ejemplo de Grupo Marhel, filial de B-Eminent una empresa “fantasma” investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero a la que Segalmex le otorgó, por adjudicación directa, contratos por más de 67 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción”. 

A ello se suma la empresa Servicios Integrales Carregín, que le vendió 25 toneladas de azúcar a Segalmex por 465 millones de pesos y solo le entregó 7 mil toneladas, información publicada en medios de comunicación.

Luis Mendoza afirmó: “lo que pedimos es que la Secretaría de la Función Pública inicie los procedimientos sancionatorios y se haga pública la información y las acciones en torno a esta presunta red de corrupción porque desde el Gobierno Federal solo se removió al titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, y lo nombraron coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) en la Secretaria de Gobernación, sin que antes aclarara los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión”.

Hasta finales de agosto, se encontraban activas 38 denuncias por la presunta comisión de delitos que podrían significar daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

“Es necesario que se dé a conocer el estado que guardan las investigaciones, así como el proceso de aclaración, documentación y, en su caso, de recuperación del probable daño al erario”.

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 de Americas Society/Council of the Americas México cayó del puesto número 11 al 12 en el Índice. “El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la de democracia e instituciones políticas (…) lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del poder ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales”.

En Diputado Luis Mendoza advirtió que en la Ciudad de México se prevé la realización de convenios para incrementar el número de tiendas de Segalmex y lecherías; “ante ello y con los antecedentes de Segalmex, nos mantendremos vigilantes para que no se continúe cometiendo actos de corrupción, sobreprecio, contratación de empresas fantasma o que se dé uso político a la necesidad de las personas ante la crisis e inflación que se vive en el país”, dijo.

Ante las evidentes anomalías, reiteró Mendoza Acevedo, y apelando al principio de máxima publicidad, tanto la Función Pública, Segalmex así como el grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, creado para la investigación de este caso, deben dar a conocer los resultados obtenidos o los avances con que cuenten.

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