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Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcenas

MARTES, 18 DE ABRIL DE 2017

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

 

La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En febrero del presente año, el Observatorio Nacional Ciudadano, organización de la sociedad civil, calificó la respuesta del Estado mexicano en materia de registro de personas desaparecidas como lenta, improvisada y poco transparente. La organización analizó registros oficiales, federales y estatales y de organismos autónomos, así como los no oficiales que llevan principalmente colectivos de familiares de personas desaparecidas. A partir de este ejercicio ha concluido que los registros de personas desaparecidas en México han sido impulsados por presiones de organismos internacionales o coyunturas en el país, por lo que están desorganizados.

Como parte del diagnóstico contenido en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, en el apartado correspondiente a la situación que guarda el país en materia de Derechos Humanos, se ha detectado que hay un retraso en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una ineficacia en la política pública de derechos humanos, un deterioro en el respeto a los derechos humanos, lo que ha derivado en otros problemas como es la desaparición de personas, violencia contra la mujer, la persistencia de múltiples formas de discriminación y la violación a los derechos de las comunidades indígenas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se reconoce como consecuencias de la inseguridad y la violencia el aumento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad. Asimismo, se reconoce que se ha deteriorado la confianza de los ciudadanos en sus autoridades (ENVIPE 2012), pues no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos.

Como parte de las cinco Metas Nacionales del PND, “México en Paz” y “México Incluyente”, el garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, se consideran acciones fundamentales para alcanzar las metas trazadas en el Plan. Como parte de las líneas de acción está la construcción de una política de Estado en materia de Derechos Humanos con líneas de acción específicas:

• Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

• Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y protección de derechos humanos.

• Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos.

• Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos con todas las autoridades del país.

• Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el marco de protección y defensa de los derechos humanos.

• Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.

• Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores públicos federales en materia de derechos humanos.

• Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos.

• Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país.

• Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos.

• Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.

• Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.

En esta misma tesitura, en el PND, dentro de las líneas de acción de la estrategia para proporcionar servicios integrales a las victimas u ofendidos de delitos, así como la estrategia para establecer una política de igualdad y no discriminación; se consideran acciones dirigidas al fortalecimiento del pleno respeto a los derechos humanos. Dentro de las líneas de acción para un gobierno cercano y moderno, se considera como estrategia estrechar vínculos con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción del respeto a los derechos humanos incluyendo la relación con los organismos nacionales e internacionales en la materia.

Por otra parte, en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 se establece que las metas nacionales “México en Paz”, “México Incluyente” y “México con Responsabilidad Global”, tienen por objeto el fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, promover los derechos humanos , desarrollar las políticas de población y migración, y fortalecer la protección civil.

En el programa se concluye que la política pública que en materia de derechos humanos se llevó a cabo a partir de dos programas nacionales (2004-2006 y 2008-2012), su ejecución resultó ineficaz con motivo de una deficiente interlocución y articulación de los mecanismos de seguimiento y evaluación, escasa participación efectiva con los Poderes de la Unión y las entidades federativas, y lo más grave: el alejamiento de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de la política.

Asimismo, se afirma que entre el año 2006 y 2012 se registró un incremento en el número de quejas y recomendaciones a la Policía Federal en materia de derechos humanos, se pasó de 0 a 3,851 quejas y de seis a 30 recomendaciones.

En el programa, también se advierte que existe un deterioro en el respeto a los derechos humanos, y muestra de ello es que en los últimos años el aumento de las violaciones se reflejó en un incremento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de hasta un 104% (de 46 en el 2006 a 94 en el año 2012), En tanto, del año 2013 a finales del 2014 se registraron 58 recomendaciones dirigidas a autoridades de la Administración Pública Federal y entidades federativas.

Otro dato a considerar es el elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 (ANDH) de la CNDH, presentada en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, refleja un incremento de quejas recibidas por violaciones a diversos derechos humanos en los años 2011-2012.

El gobierno federal ha reconocido que en los últimos años México ha logrado avances significativos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin embargo, dichos logros coexisten con dificultades que impiden el goce y ejercicio pleno de éstos derechos y libertades fundamentales.

Atendiendo a los indicadores considerados en el programa, se ha determinado considerar los siguientes:

a) Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal;

b) Medición de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, expresada en porcentajes;

c) La Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal;

En el diagnóstico expuesto en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 y 2018, se arriba a la conclusión de la persistencia de violaciones de derechos humanos, no obstante, la existencia de una infraestructura institucional, de un marco normativo y de políticas públicas en la materia. Por estos motivos se justifica la presencia de otros programas específicos dentro de la administración pública federal para la atención de este problema, posicionándose el programa como un instrumento rector y transversal basado en fundamentos, premisas y principios comunes para la consolidación de la política de Estado en materia de derechos humanos.

En el citado diagnóstico se afirma la existencia de deficiencias en la prevención de violaciones a los derechos humanos, una ineficiente garantía de su ejercicio y goce, una deficiente protección, una ineficiente coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos, y una insuficiente generación y sistematización de información integral en materia de derechos humanos.

Hacer público un informe con el diagnóstico, avance y estado que guarda el respeto y protección de los derechos humanos debe ser parte de los objetivos prioritarios del gobierno, y sobre todo deben ser considerados como parte la política de Estado, contribuiría también a la sistematización de la información de forma adecuada y oportuna para su evaluación y seguimiento.

No hay que perder de vista que dese el año 2003, la evaluación y seguimiento al cumplimiento y realización de derechos humanos en México, ha sido cuestionada en las recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la falta de consenso sobre cifras y datos estadísticos,

A la fecha de la publicación del programa, se señaló la inexistencia de sistemas de indicadores para la medición del impacto general sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos, por lo que se ha considerado urgente el retomar la metodología y mediciones utilizadas por la ONU y la CIDH, considerando que la falta de esta información puede convertiré en un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, por lo que es necesario que la información esté disponible, sea exacta y se encuentre de forma completa.

Si bien es cierto que, como parte de los anexos de los indicadores para el cálculo de metas, están considerados los registros elaborados por la CNDH así como su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos que trabaja con su Sistema de Seguimiento a Recomendaciones (SISER), herramienta que permite conocer el número exacto de recomendaciones emitidas por la CNDH en tiempo real, así como su aceptación y estado de cumplimiento por parte de la autoridad responsable; es indispensable que la Secretaría de Gobernación presente y publique los indicadores considerados en su programa sectorial, con la finalidad de contar con un referente del estado que guardo el respeto a los derechos humanos en el país.

El objetivo de la presente iniciativa es que todas las acciones, políticas públicas, y las distintas medidas que se están implementando, se muestren al público en general, a fin de fortalecer la cultura del respeto de los derechos humanos, al mismo tiempo que permita realizar un diagnóstico con la mejor información disponible.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. ...

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; así como emitir y publicar un informe anual sobre el diagnóstico y estado de los indicadores en materia de derechos humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Diputada Marisol Vargas Bárcena (rúbrica)

 

 

Diputados

 

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