A casi cinco años de inaugurada, la también llamada “Línea Dorada” no es más que un cúmulo de irregularidades y fallas, que aún hoy se sigue debatiendo entre litigios legales del gobierno con el consorcio conformado por las empresas constructoras ICA, Carso y Alstom.

El gobierno mantiene un largo litigio con el cual se quiere evitar el pago de cuatro mil millones de pesos al que fue sentenciado en favor del consorcio constructor. En contraparte, las empresas también deben a la administración capitalina al menos mil 45 millones de pesos, por concepto de vicios ocultos de la obra.

Vicios que ya sacaron de circulación a la Línea 12 por 20 meses, afectando entre 2014 y 2015 a los 450 mil usuarios que tiene día con día. Por lo cual, además, no ha habido sanción a los verdaderos responsables de permitir tal construcción irregular, acompañada de contratos anormales de arrendamiento de trenes a la empresa española CAF.

De acuerdo con la Contraloría General de la CDMX, se han sancionado administrativamente a 125 servidores públicos, que ven desde la separación del cargo hasta la inhabilitación para desempeñarse en puestos públicos por un determinado periodo. Se detuvo a tres funcionarios de medio pelo y se emitió una orden de aprehensión en contra de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, pero interpuso un amparo para evitarlo.

No obstante, no se ha detenido a funcionarios de alto rango. El exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Francisco Bojórquez, sólo fue inhabilitado por diez años, cuando él fue uno de los principales artífices. Sin su intervención no hubiera sido posible tener los contratos irregulares de arrendamiento de trenes.

Ahora es de reconocer la determinación del gobierno de la ciudad, a través de la defensa que encabeza la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que los litigios se mantengan y se evite el pago con recursos públicos, todo mientras sigue en operación la Línea 12. Lo único que no podemos tolerar es que se vuelva a restringir el servicio.

Pero esta defensa pierde credibilidad si no se cancelan los contratos con CAF, si no se suspende esta afore. Sólo terminando de manera inmediata esta contratación tendría sentido la lucha que se mantiene contra este monumento a la corrupción que se erigió en la pasada administración del gobierno local.

Esta larga contienda legal en los tribunales aún dista de tener una definición, pues el gobierno impugnará el pago de los cuatro mil millones de pesos, pero también exigirá el cobro de los mil millones por los vicios ocultos.

Por lo pronto, la sana operación y mantenimiento de la Línea 12 es la prioridad para garantizar la movilidad de los usuarios.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/2017/03/26/1154180