Ciudad de México, 16 de febrero de 2017

• A nombre del Caucus Anticorrupción, la diputada tlaxcalteca aseguró que sólo de observaciones a las Cuentas Públicas 2011-2014 están pendientes de recuperarse más de 220 mil millones de pesos.

Al presentar un exhorto para la suscripción de un Pacto Nacional por la Integridad, la Diputada Federal Minerva Hernández consideró que el primer paso para restablecer la confianza institucional sería la recuperación, por parte de la PGR, de los más de 220 mil millones de pesos derivados de las observaciones con impacto económico que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Cuentas Públicas de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tras la aprobación del exhorto por el pleno de la Cámara de Diputados, Hernández Ramos cuestionó que el gobierno federal haya dicho que la decisión más responsable para contener los recortes al presupuesto era el gasolinazo, cuando la PGR ha sido muy lenta en concluir las investigaciones para recuperar este tipo de recursos.

“Aunque el gobierno diga que el gasolinazo fue la decisión más responsable para evitar los recortes existen otras alternativas para compensar la caída de ingresos y dejar de hincar el diente a los ciudadanos; de ahí el exhorto a la PGR, para que haga su trabajo y agilice las investigaciones que están pendientes. Basta de simulación”, indicó la Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

De acuerdo al exhorto, la suma de 221 mil 182 millones de pesos observados por la ASF en las Cuentas Públicas representa más del 77% del IEPS para gasolinas y diésel que se espera recaudar en el ejercicio fiscal de 2017.

La Diputada tlaxcalteca reiteró que, ante esta situación, el gobierno y los representantes populares están obligados a mostrar resultados concretos en materia de transparencia y combate a la corrupción, y así impulsar la firma de un Pacto Nacional por la Integridad que invoucre a todos los órganos del Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto, e incluya compromisos de adoptar medidas en áreas sensibles tales como son compras públicas, proyectos de infraestructura, gastos en comunicación social y otros que contribuyan abatir la percepción en la corrupción.

“Debemos mandar un mensaje claro: que en México hay cero tolerancia a los actos de corrupción; que las instituciones democráticas en realidad funcionan, desempeñan sus atribuciones y ejercen a cabalidad sus facultades, sólo así podremos fortalecer el Estado de Derecho y vencer la idea de que vivimos en un Estado fallido”, concluyó.

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MRA