Ciudad de México, 8 de diciembre de 2016

DIPUTADO JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA (JCRG): ¡Buenos días, ya buenas tardes todos!

El día de ayer un servidor  presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa para tipificar desde nuestra Constitución, el peculado.

Es una reforma al artículo 19, 20, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa va muy de la mano, en primer lugar, va de la mano con la agenda que la Organización de las Naciones Unidas se promovió y se firmó al presentar la agenda 20-30.

Esta agenda 20-30  para el desarrollo sostenible, habla de que la corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de  mil 260 millones de dólares para los países en desarrollo.

¿Se imaginan si pudiéramos transitar a una situación diferente? Esos recursos pudieran emplearse para combatir la marginación, para mejorar el acceso a la educación, a la salud.

Y siguiendo esta agenda que todos los presidentes, entre ellos, el Presidente Enrique Peña Nieto la firmaron, pues es que estamos impulsando una serie de reformas  que van alineadas a lograr esa agenda  20 -30 de  desarrollo sostenible y es así que esta reforma para establecer el peculado  desde nuestra Constitución, obligaría precisamente para aquellos funcionarios públicos que caigan  en el enriquecimiento inexplicable, en el peculado, en el daño patrimonial, en el de no poder comprobar el destino de los recursos públicos, una vez que sea tipificado, el juez pueda ordenar la orden de aprehensión  preventiva.

Una vez que se lleva a cabo y se concluya el proceso, y una vez fincado la acción penal y, además, sentenciado, los bienes de inmediato, pasan a extinción de dominio y formarán parte de la nación.

¿Por qué hacemos esto? Porque ustedes han observado que a lo largo de los últimos 5 años ¿les gusta? O 10 años, casos desastrosos, donde ex funcionarios públicos que caen precisamente  en esta actuación de enriquecimiento inexplicable, de daño patrimonial  o no poder explicar el fin y el destino de los recursos públicos para lo cual fueron aprobados y los hemos visto reflejados en figuras como la de Humberto Moreira, en Coahuila o recientemente Javier Duarte en Veracruz o César Duarte en Chihuahua.

El propio Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández, Egidio en Tamaulipas, Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, el  propio Guillermo Padrés en Sonora, que ya voluntariamente se entregó ante el Juez y siguen  quedando pendientes el ex gobernador  Roberto  Borge de Quintana Roo o Jorge Herrera Caldera de Durango, estos personajes pudieron, de existir esta reforma, les pudieron haber aplicado la orden  de aprehensión preventiva, hoy no lo tenemos.

Hoy tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción que se tiene que ir fortaleciendo, pero  imagínense que llegue un fiscal anticorrupción, pero que  no tenga la estructura constitucional para poder fincar una responsabilidad y sancionar por  la actuación de este funcionario.

Es por eso que presentamos esta reforma para que exista, precisamente, el tema de  enriquecimiento ilícito o peculado y que al aplicarse a los funcionarios públicos, de esta manera un juez pueda resolver  la prisión preventiva y, posteriormente, la  extinción de dominio para pasar a formar parte del erario nacional.

Cuando se presentó y se signó la agenda 20 -30 muchos presidentes de muchos países la firmaron, lo importante es que también el nuestra la firmó y cuando se ha venido concluyendo y publicando el Sistema Nacional Anticorrupción, todos  los partidos políticos se han pronunciado a favor del mismo.

Entonces, como lo pronunciamos en tribuna, esperaríamos que todos los grupos parlamentarios se  pronuncien a favor de esta reforma, porque sin ella, ni con 20 fiscales especiales anticorrupción, podríamos hacer algo y, lamentablemente, la comunidad seguiría esperando, el combate a la impunidad.

De mi parte es todo y si tienen  alguna pregunta o duda, con mucho gusto.

PREGUNTA (P): Buenos  días Diputado, oiga Diputado ayer  también hablaba usted sobre la disminución de los altos salarios de funcionarios sobre todo del sector, del Poder  Judicial, Magistrados de Suprema Corte, aquí están involucrados los consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, porque hemos visto que leyes van y vienen, hace algunos años se había dicho que nadie podía ganar más que el Presidente  de la República; sin embargo, vemos que se habla incluso de los mismos diputados las percepciones que tiene.

El tema es ¿va a caminar o no va a caminar?, ¿será una iniciativa más? Porque aquí se acostumbra, aquí como en el Senado, archivar, archivar y llega un rezago legislativo que nunca se desahoga y estos temas sensibles que preocupan a la población, ¿hasta cuándo van a darle curso y si será una realidad o será una iniciativa más? Por un lado.

Por el otro lado, tipificar el peculado. Leyes van y vienen y seguimos viendo que la impunidad impera en todos los órdenes de Gobierno, incluso, en el mismo Congreso, no hay transparencia, no hay nada, ¿qué va a pasar Diputado con tanta iniciativa?  Nada más se presentan ante el Pleno, pero no van más  allá hasta que no haya una decisión, no hay acuerdos y los acuerdos se ven muy lejos.

JCRG: Precisamente, sobre el criterio de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, la Tesorería de la Federación, Hacienda, llevó a cabo un acuerdo administrativo por el cual esto impide que alguien gane más.

Lo que estamos promoviendo es que quede en la Constitución y para que todos aquellos funcionarios que vayan llegando a tomar posesión –no solamente del Poder Judicial sino también el Legislativo y el Ejecutivo— por ningún motivo puedan tener mayores percepciones que la del Presidente de la República. 

Es un tema de buscar que, precisamente, el país, sea de a de veras, se cumpla, no solamente en el discurso, sino desde nuestra propia Constitución; que no solamente se cumpla por acuerdos administrativos,  sino que en la Carta Magna venga establecido.

Sobre la iniciativa del peculado.

Es muy sencillo. Si alguno de los legisladores que pudiese estar en contra, que nos argumentara, sin ningún cambio a la Constitución, de qué manera el Fiscal Anticorrupción va a poder fincar una responsabilidad ante los actuales ex gobernadores señalados por enriquecimiento ilícito o por no demostrar a dónde llegaron los recursos para los cuales se les entregó y que hoy en sus administraciones no tienen ni destino ni fin, simplemente en las arcas de sus estados no se  encuentran.

Creo que, la primera es: que demuestren con el marco jurídico actual, cómo pueden fincar esa responsabilidad y obsequiar la orden de aprehensión y también la otra, los presidentes de los partidos, al unísono, se han comprometido a terminar de construir el Sistema Nacional Anticorrupción.

Este es un buen momento y una iniciativa para que se manifiesten y, precisamente, el Fiscal Anticorrupción –que hoy no se ha nombrado—el día de mañana no salga con que le faltan dientes.

Esta iniciativa es para terminar de darle las herramientas al Fiscal Anticorrupción para que pueda actuar en consecuencia y lo más importante, es acabar con la impunidad, que es lo que la ciudadanía está más harta de que estemos permitiendo que esto suceda.

P.-  (…) no tiene los alcances que reclama la ciudadanía, le llega al Presidente a la República.

JCRG: Precisamente, los partidos políticos, los tres Poderes, se han venido pronunciando a que se instaló un Sistema Nacional Anticorrupción, que no está terminado, que va en proceso, que está en construcción y que se tiene que ir fortaleciendo.

Precisamente, esta iniciativa le terminaría de dar las herramientas a cuando llegue el Fiscal Anticorrupción para poder actuar en consecuencia sobre los actuales ex gobernadores que han sido señalados ampliamente por parte de todos los medios de comunicación.

Muchas gracias.

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YMJ