Ciudad de México, 11 de julio de 2018

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JORGE LÓPEZ MARTÍN, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

DIPUTADO JORGE LÓPEZ MARTÍN (JLM): Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa.

Compañeras y compañeros legisladores:

El expresidente de Uruguay, José Mujica, sostiene que “los políticos tenemos que vivir como la mayoría y no como la minoría”.

En cualquier gobierno democrático, los servidores públicos deben de conducirse, en sus funciones, con los más altos principios de buen gobierno y ello incluye, el no utilizar recursos públicos para beneficio personal o privado, sin importar las razones que para ello lo hagan.

Decía don Manuel Gómez Morin, fundador de mi partido: “En cuanto a llegar al poder, baste con recordar cuántos lo han alcanzado para el mal o cuántos lo han tenido para no hacer nada. Lo importante no es el poder sino aquello para lo cual debe servir el poder”.

Traigo estas palabras, amigas y amigos legisladores,  a colación para presentar ante esta asamblea una iniciativa que tiene como propósito evitar abusos por  parte de quienes ostentan el poder; abusos por parte de los servidores públicos.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 108, establece que los servidores públicos son los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal.

Todos somos sujetos obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos sin excepción.

Esta ley, en su artículo 54, precisa que “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, sean humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

Por eso es que el día de hoy, amigas y amigos legisladores,  vengo a proponer agregar un párrafo a este artículo de la Ley General de Responsabilidades para mandatar lo siguiente:

“Así como aquel servidor público que utilice automóviles con un valor superior a los 300 mil pesos y que utilice vuelos privados para el ejercicio de sus funciones”.

¿Por qué agregar este párrafo? Porque en meses pasados fuimos testigos de la forma en que algunos servidores públicos abusaron de su función e hicieron uso de vehículos y aeronaves del gobierno para atender asuntos de naturaleza privada.

Recordemos casos como el del ex titular de la Conagua, David Korenfeld, quien utilizó como “taxi” helicópteros oficiales, para un viaje con su familia, lo que ocasionó su renuncia al cargo.

Otro caso el de uno de los hijos de Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, también estuvo involucrado en el mal uso de los recursos. Fabián Granier junto con quien fuera su novia Fabiola Castro utilizó un avión propiedad del gobierno para un viaje personal. Un avión con cargo y cuenta a los ciudadanos de Tabasco.

Existen un gran número de referencias al respecto, estas, son solo por mencionar algunas.

Es claro que ciertos funcionarios públicos aprovechan los recursos de formas que no son las  apropiadas y se dan lujos que no deberían, baste con echar una mirada al estacionamiento de este recinto legislativo.

Estos servidores públicos –no todos, hay que decirlo-- hacen un uso indebido  de los impuestos que pagan nuestros ciudadanos, y eso, compañeras y compañeros legisladores, es francamente inaceptable. Se trata también de gastos exagerados, onerosos y que no son necesarios.

Por estas razones es importante que tomemos medidas para evitar estos gastos y atender con real y auténtica  austeridad y contar con lo necesario para poder realizar las funciones que la ley detalla para los servidores públicos.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es fundamental la confianza de la sociedad en las instituciones, pero también en las autoridades gubernamentales, es decir,  en los servidores públicos.

Desafortunadamente, por esos abusos de autoridad y de poder, la confianza ciudadana en los gobernantes se ha perdido.

Esperemos que el nuevo gobierno se conduzca sobre una base ética, sobre una base de congruencia y sobre una base que prevenga y evite, y  combata la corrupción.

Es necesario, ya que la transparencia y la rendición de cuentas por parte de quienes gobiernan o estamos en funciones de representación sean los pilares de una cultura de la honestidad y de buen gobierno en el ejercicio público.

México necesita dar una vuelta de timón. Ese fue el mandato de ciudadanos en las urnas. Es el mandato de una sociedad agraviada. Es el mandato de una sociedad cansada de la corrupción y del enriquecimiento de los funcionarios públicos a costa de todos los mexicanos.

Es cuanto, presidente.

*Turnada a  la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados 

--ooOOoo--

ATM