Ciudad de México, 7 de diciembre de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA

DIPUTADA PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO (PSC): Con su permiso, señor Presidente.

Señoras y señores diputados:

La corrupción es un verdadero lastre para el desarrollo del país y una afrenta para los mexicanos de bien. Lamentablemente, hay que reconocer que la corrupción gubernamental es una práctica que ha venido creciendo en los últimos años, debido entre muchas otras cosas, a la impunidad y falta de inversión en materia de justicia y seguridad.

Es un problema muy serio que está afectando no solo el crecimiento del país, sino también el nivel de vida de millones de mexicanos y mexicanas.

Hay datos de sobra que dan cuenta de la magnitud de la corrupción en México. De acuerdo con el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el costo de la corrupción en nuestro país equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.

Esta situación ha colocado a México como la nación más corrupta entre las 34 que componen la OCDE.

Y peor aún, según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, solo el 2 por ciento de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción terminan en la cárcel.

Por esa razón, el día de hoy vengo a presentar ante esta tribuna una iniciativa que adiciona dos fracciones al Código Penal Federal para incluir los actos de corrupción y el lucro personal en desastres naturales en la lista de delitos previstos en el Artículo 123 de dicho Código.

Concretamente propongo que los corruptos sean considerados como lo que son: traidores a la Patria y se les castigue como tales, así de simple.

Es necesario que los actos de corrupción y el lucro personal en desastres naturales formen parte de los delitos cometidos por traición a la Patria, para que sean sancionados con prisión de cinco a cuarenta años y se inhiba esa conducta por demás nociva para el país y todos los habitantes.

¿Por qué hay que equiparar la corrupción con los delitos de traición a la Patria? Porque al asumir un cargo público los funcionarios protestan y se comprometen a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”, lo cual es evidente no sucede cuando traicionan la confianza de sus electores o sus jefes por avaricia y ambición cometiendo actos de corrupción.

Además del daño, estos actos ocasionados son incalculables por todo lo que se deja de hacer: obra pública, asistencia social, educación, salud, apoyos al campo, etcétera.

No basta con que regresen el dinero que se llevaron porque eso no regresa el tiempo. ¿Quién regresa las vidas de los que a muchos les han costado, como es el caso del famoso socavón o el Paso Exprés?

Con estas dos nuevas fracciones al Artículo 123 del código Penal, se fortalecería el Artículo 109 constitucional que prevé las sanciones para los servidores públicos y los particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.

Diputadas y diputados:

Es tiempo de tomar al toro por los cuernos y legislar responsablemente llamando las cosas por su nombre y si la corrupción es uno de los graves problemas del país, las penas para este delito deben de ser ejemplares, equiparándolas al daño que produce porque atenta contra nuestros derechos humanos y garantías individuales al afectar el desarrollo económico del país y el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más desposeídos y marginados.

No podemos permitir que los costos de la corrupción sigan afectando a la economía y el desarrollo del país.

Condenamos que haya quienes lucran con el dolor humano para su su propio beneficio.

Los funcionarios públicos corruptos deben de terminar en la cárcel, no merecen  ninguna consideración y deben pagar por los delitos que cometen, ya que son traidores a la Patria.

Es todo, muchas gracias.

• Turnada a la Comisión de Justicia

MRA